El dirigente del PRI tiene 50 taxis; pero otros 65 no los declaró

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Sus declaraciones patrimoniales, presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la plataforma 3de3 lo indican con detalle: Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es dueño de una flotilla de taxis que funciona en la Ciudad de México y cuyo volumen ha crecido y disminuido con ventas y adquisiciones cada año desde 2006, cuando compró por primera vez tres unidades. Lo confirmó también una fuente en el partido tricolor que no aceptó que su nombre fuera publicado en esta entrega.

Pero las ganancias de este negocio no están claras en ninguno de los documentos públicos sobre sus bienes, de modo que no puede saberse cómo han contribuido con su fortuna personal. El formato de declaración patrimonial en la Secretaría de la Función Pública tiene un apartado para declarar “ingresos netos –aquellos que se declaran por actividad industrial, comercial, financiera y otros”– y Ochoa Reza cuando era funcionario dijo que respecto a ello haría una excepción cada una de las seis veces que presentó el documento.

En la plataforma 3de3 –montada por organizaciones civiles y que es un documento que no tiene carácter legal– declara que recibe ingresos al año por 1 millón 442 mil 702 pesos por actividades industrial, empresarial y comercial, pero no aclara si tal percepción proviene del servicio de taxis.

Los taxis no son el único negocio de Ochoa Reza.

En su declaración del 31 de mayo de 2016 ante la SFP, asienta que es socio de AOZ Farmacéutica, por lo que no se sabe si el ingreso en la 3de3 es por los taxis o por la farmacéutica.

En la Ciudad de México el servicio de taxis tiene varias modalidades. Las más socorridas son el radio taxi, el sitio de taxi, los taxis urbanos, los servicios ejecutivos y, en últimas fechas, las aplicaciones en celular como Uber y Cabify.

No se gana lo mismo en cada una de éstas, y el ex director general de la CFE no expone en ninguna de sus declaraciones de qué tipo es su negocio en este ramo. Simplemente presenta una lista con las unidades en su haber.
Enrique Ochoa Reza no ha presentado su declaración de conclusión ante la Secretaría de la Función Pública después de dejar la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad. El Artículo 37 de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aún vigente, señala que debe hacerlo “dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión del cargo”. Ochoa Reza dejó su cargo anterior el 12 de julio, por lo que ya han transcurrido 81 días.

¿QUÉ PASÓ CON 65 TAXIS?

De acuerdo con una revisión de sus declaraciones de bienes ante la SFP, la flotilla se inició con la adquisición de tres unidades en 2006, creció a 110 en 2013 y disminuyó a 50 en 2016. En las declaraciones de 2013 y 2014, los números de unidades de la flotilla no cuadran.

El ex funcionario federal expone que en 2013 tenía un total de 110 unidades. En abril de 2014, cuando fue designado como Director General de la Comisión Federal de Electricidad, tenía 58 “sin cambio”, cero vendidas y 52 incorporadas, pero el total volvía a quedar en 110.

El ejercicio realizado por esta Unidad de Datos expone que los automóviles declarados como “incorporados” en abril de 2014 no estaban incluidos en la declaración de 2013, por lo que se trata de nuevas adquisiciones, tal como debe ser realizado este ejercicio. No obstante, al revisar los automóviles “sin cambio”, en 2014 sólo permanecen 58 de los 110 que tenía en 2013. Los 52 restantes son incorporaciones, de modo que no es posible conocer qué pasó con los otros 52 automóviles que integraban su conjunto de taxis.

En mayo del mismo año, presentó una modificación a su declaración y expuso 97 unidades “sin cambio”, 13 “incorporadas” y cero en el rubro de “venta”. Volvió a omitir el dato de lo que ocurrió con 13 taxis y el total volvió a ser de 110 cuando debía sumar 123.

Enrique Ochoa Reza fue buscado en sus oficinas del Partido Revolucionario Institucional para plantearle en entrevista las interrogantes que generó este listado de taxis sin reporte alguno de las ganancias, la manera de operar y estas unidades sin destino, pero no hubo respuesta.

Al conocer los datos, Max Kaiser Aranda, director del área Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), comentó sus dudas.

Para Gustavo López Montiel, estudioso en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) de partidos políticos, la información expuesta por Enrique Ochoa Reza ante la Función Pública respecto a su negocio de taxis no brinda muchos datos que contribuyan con la transparencia del ingreso que por esa operación recibe. Así que para este politólogo no es posible hacer un vínculo con nada. Se trata del simple actuar de un político que a la vez es empresario, pero que su última actividad no queda clara con suficiencia.

Enrique Ochoa Reza nació en Morelia, Michoacán, el 1 de septiembre de 1972. Tiene una Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con la cédula profesional 2948613 y otra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la número 5752793.

El primer cargo en la administración pública lo ocupó de 1997 a 1999 como asesor de Luis Téllez, quien era Secretario de Energía. En 2012 se convirtió en Subsecretario de Hidrocarburos en la misma dependencia, cargo desde el cual participó en el diseño de la Reforma Energética que abrió el petróleo en los yacimientos mexicanos al mundo.

En febrero de 2014 fue nombrado director de la Comisión Federal de Electricidad. Ese año, la empresa otorgó varias licitaciones para gasoductos de gas natural, como parte de la Reforma Energética. Ochoa Reza ganó ahí 199 mil 591 pesos con 47 centavos al mes, según el Portal de Obligaciones y Transparencia.

El 20 de junio, Manlio Fabio Beltrones anunció su renuncia a la dirigencia del PRI, partido al que pertenece desde los 16 años. “Hoy toca hacer una pausa necesaria”, fue una de las frases que usó el sonorense en su discurso de despedida, en el que presentó un balance de las elecciones del 5 de junio en las que el partido perdió siete de 12 gubernaturas, entre éstas las de cuatro estados en los que había gobernado de forma consecutiva durante 86 años.

Casi dos meses después, Enrique Ochoa Reza fue nombrado presidente electo sustituto del Comité Ejecutivo Nacional. La Comisión Nacional de Procesos Internos decidió que fue el único aspirante que cumplió con los requisitos de inscripción para el proceso.

Una de sus primeras actividades fue retar a Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a debatir sobre corrupción. Aún vigente en las pantallas, en un spot sostiene que el presidente de Morena miente. “Para empezar, su declaración 3de3 es una mentira. No declara ingresos, no paga renta, no posee bienes, ¿de qué vive?”, cuestiona Ochoa Reza.

El priista advierte en su anuncio que en el PRI se pone el ejemplo y para ello llama a que se revise la declaración 3de3 que él presentó. Este documento parece no presentar inconsistencias, pero las dudas surgen al revisar la evolución de su patrimonio en la declaración presentada ante la Secretaría de la Función Pública. Esta es la plataforma regulada por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Max Kaiser, del IMCO, reconoce que hoy por hoy la declaración 3de3 pretende ser un puente de confianza entre gobernantes y ciudadanía. Además, el investigador asegura que tiene un uso político, pero quienes desean incluirla en su discurso deben considerar que la suya propia quedará bajo escrutinio. No se trata sólo de presentar el documento, se trata de la revisión del contenido, expresa el investigador.

Ahora, las declaraciones de Enrique Ochoa Reza y Andrés Manuel López Obrador están bajo esa lupa, dada la probabilidad de un debate que cada vez parece más lejano. Ante el reto de Ochoa Reza, López Obrador ha dicho que no; que en ese caso, él debatiría con Carlos Salinas de Gortari, ex Presidente de México.

El 14 de julio, el dirigente nacional del Morena se comprometió a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en el formato 3de3. 28 días después presentó el documento. Pero los renglones para llenar “Bienes inmuebles del declarante”, “Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones”, así como “Intereses diversos” vienen vacíos y pese a las críticas, así han permanecido.

Del documento de AMLO surge un “no” para casi todo: no hay cuenta de cheques, no hay tarjeta de crédito, no hay regalías por conferencias ni libros; en realidad, no hay nada.

El pasado 27 de septiembre, con el título “López Obrador omitió activos en su declaración”, el diario estadounidense The Wall Street Journal expuso en una nota que el hombre que ha aspirado en dos ocasiones a la Presidencia de México y se promueve siempre como paladín de honestidad omitió dos departamentos en la declaración de bienes en el formato 3de3.

En una respuesta en video, López Obrador pidió: “No calumnien” y sostuvo que si no declaró esos inmuebles fue porque hay un juicio testamentario en el que cedió los derechos a sus hijos, lo mismo que una casa en Tabasco.

Promulgada el pasado 4 de mayo por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y tras una larga batalla de Organizaciones No Gubernamentales, la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública amplió los mecanismos de acceso a la información y el número de sujetos obligados; pero dejó fuera la declaración patrimonial, el documento a través del cual los funcionarios mexicanos podrían dar a conocer con precisión cuánto tienen y por qué.

De modo que los políticos declaran lo que quieren, cuando quieren y como quieren.

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