Denuncian a Bermúdez Zurita ante la PGR

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Xalapa, Ver.- El padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca a principios de este año, José Benítez de la O., denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, por no cumplir con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en materia de control de confianza para contratar elementos policiales.

Benítez de la O. dio a conocer que la denuncia fue extendida, además contra, José Nabor Nava Holguín, actual secretario de Seguridad Pública (SSP); Roberto González Meza, director general de la Fuerza Civil; Alfonso Díaz Pineda, director de Operaciones de la SSP, y Xiomara Mirón Elizondo, directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la misma Secretaría.

Cabe recordar que el 11 de enero su hijo junto con otros cuatro jóvenes fueron levantados y desaparecidos por policías en Tierra Blanca.

Durante el programa “Por la mañana”, de Ciro Gómez Leyva, Benítez de la O. aseguró que Bermúdez Zurita violó los artículos 139 Fracción 3 y el 141 de la mencionada ley, que determinan con qué bases un funcionario público nombra a un policía como tal.

“Un policía necesita pasar los exámenes de confianza. Si la persona no pasa, el funcionario cae en un delito al dejarlo activo, por lo que debe ser sancionado por la PGR”, aseguró.

Agregó que la persona que sea nombrada por el Secretario queda bajo su custodia, por lo que Arturo Bermúdez es el responsable directo de los policías que, pese a no estar certificados desde 2013, y se probó que no pasaron el centro de control de confianza, siguieron en funciones.

“(Arturo Bermúdez Zurita) debió haberlos retirado, y ahí se hubiera lavado las manos, pero desde el momento que los está metiendo, él está cometiendo un delito que debe ser sancionado, por eso hicimos la denuncia”, y reprochó que ese trabajo “no es nuestro. No lo debemos estar haciendo nosotros”.

Recordó que el día 20 de ese mismo mes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que de los cinco detenidos, cuatro no habían pasado el examen, entre ellos el comandante Marcos Conde Hernández, por lo que, reiteró que “la Fiscalía tenía la obligación de haber recabado los datos y enviárselos a la PGR para que determinar qué pasaba con ellos. Debieron investigar y en su momento sancionar para que le PGR se diera cuenta que estaba pasando”.

Cabe señalar que los policías detenidos perdieron un amparo, pero siguen los procedimientos. En ese sentido, recordó que el expediente de Conde Hernández, delegado de SSP en Tierra Blanca, no existe: “El jefe directo de los policías que levantan jóvenes debió haberse detenido desde el principio. Desde ahí hay irregularidades. Además de que no aparece en el expediente su nombramiento como delegado”.

Finalmente, José Benítez considera que hay poca información sobre esa ley, pues la PGR tardó en aceptar la denuncia. “El Ministerio Público lo aceptó en un plan obligado, a regañadientes, bajo el argumento de que le correspondía al estado juzgar el hecho”.

Sin embargo, reitera, “en el Artículo 139 se asegura que el funcionario público que dé un nombramiento a una persona que no lo merece, cae en un delito, y en el 141, que la autoridad que ya conoce el caso, debe juzgarlo”.

La ley, dijo, es clara, vigente, y está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y además se reformó en julio del presente año.

La sanción sería es de ocho a 12 años de cárcel y 5 mil salarios mínimos.

“Pero lo que buscamos es justicia, porque (los padres) estamos pendientes de lo sucedido, por la injusticia que se cometió con nuestros hijos y esperamos que la PGR brinde resultados, además que es su trabajo, Si no pueden que renuncie. Seguiremos en la lucha hasta las últimas consecuencias”.

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